La verdad en las ofertas: ¿Por qué una certificación oficial no siempre es garantía de éxito?

La contratación estatal en Colombia no admite zonas grises cuando se trata de la experiencia del proponente. En una reciente y trascendental decisión, el Consejo de Estado (Sentencia 72.662 del 22 de mayo de 2026) ha ratificado que la veracidad de la información reportada en las ofertas es un requisito de orden público que prevalece incluso sobre certificaciones emitidas por entidades nacionales.

Este fallo resuelve un conflicto de años entre la sociedad Conconcreto SA y el Departamento del Meta. El centro del debate: cómo se debe reportar la experiencia cuando una obra ha sido ejecutada por varios contratistas de manera sucesiva.

¿Puede una certificación oficial ser considerada información tergiversada?

Resulta paradójico pensar que un documento expedido por el INVIAS pueda inducir al error, pero sucede. En el caso analizado, la constructora presentó una certificación que le atribuía el 100% de la ejecución de un puente por el sistema de voladizos sucesivos. Sin embargo, la realidad técnica demostró que un consorcio anterior ya había levantado varias dovelas de la estructura.

La Sala determinó que el proponente, al conocer de primera mano que no había ejecutado la totalidad de la obra desde cero, tenía el deber de precisar el metraje real construido por él. Al no hacerlo, la información se consideró inexacta, activando las causales de rechazo previstas en el pliego de condiciones. La lealtad contractual empieza desde la etapa de selección.

¿Es legal que una empresa nueva use la experiencia de sus accionistas corporativos?

Uno de los puntos más debatidos por los litigantes fue el traslado de experiencia. Se cuestionó si una sociedad con menos de dos años de vida podía acreditar la trayectoria de un accionista que fuera, a su vez, otra persona jurídica.

El Consejo de Estado fue tajante: el reglamento busca que las nuevas empresas se "apalanquen" en la experiencia singular de sus socios. No existe una razón jurídica para distinguir entre socios personas naturales y socios personas jurídicas. Esta interpretación es vital para el dinamismo del mercado, permitiendo que grupos empresariales creen nuevos vehículos societarios para proyectos específicos sin perder su historial técnico.

Implicaciones prácticas para la contratación estatal

Este fallo deja lecciones que todo asesor jurídico y gerente de proyectos debe internalizar:

1. Auditoría de soportes: No confíe ciegamente en las certificaciones antiguas. Verifique que el metraje y los porcentajes coincidan con la ejecución física real antes de incluirlos en el Formulario de experiencia específica.
2. El pliego es sagrado: Si el pliego establece el rechazo por "datos que no se ajusten a la realidad", la entidad tiene la facultad —y el deber— de rechazar la oferta si encuentra discrepancias técnicas probadas.
3. Transparencia proactiva: Ante la duda sobre una obra ejecutada parcialmente, es preferible aclarar el alcance en la oferta que esperar a que un competidor lo denuncie en la etapa de observaciones al informe de evaluación.

La justicia administrativa ha ratificado que el proceso de licitación es un escenario de máxima buena fe. La transparencia no es solo un principio ético, es el seguro más barato contra una declaratoria de rechazo o una futura nulidad contractual.

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Por: Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal

La Liquidación del Contrato Estatal: ¿Potestad o Deber?

El proceso de cierre de un contrato estatal suele ser un camino empedrado. Tras la ejecución de las obras o la prestación del servicio, contratistas y entidades se enfrentan al reto de cuadrar cuentas. Sin embargo, surge una pregunta recurrente: si la entidad no liquida el contrato en los tiempos legales, ¿está incumpliendo sus obligaciones? Una reciente providencia del Consejo de Estado, con radicado 72500 de mayo de 2026, ofrece respuestas definitivas a este dilema que afecta a miles de contratos en Colombia.

¿La falta de liquidación bilateral genera responsabilidad para la entidad?

La respuesta es un no rotundo, siempre que existan razones legítimas para el disenso. La sentencia explica que la liquidación bilateral es un negocio jurídico. Como todo acuerdo, nace del consenso y de la autonomía de la voluntad de ambas partes.

En el caso analizado, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén se negó a firmar el acta debido a inconsistencias en la documentación y dudas sobre la calidad del pavimento. La Sala consideró que esta negativa no fue caprichosa. Al existir diferencias técnicas, la decisión de no celebrar el acuerdo es legítima. El contratista no puede alegar una "expectativa legítima" de pago si el balance final no ha sido aceptado por ambas partes. La autonomía permite decidir qué negocios celebrar y bajo qué condiciones.

¿Es la liquidación unilateral una obligación contractual?

Este es el punto más relevante de la jurisprudencia actual. Muchos abogados demandan el incumplimiento contractual basándose en que la entidad "tenía el deber" de liquidar unilateralmente si no había acuerdo. El Consejo de Estado corrige esta visión: la liquidación unilateral es una atribución legal, no una obligación nacida del pacto.

¿Qué significa esto en la práctica?

 Que el ejercicio de esta facultad administrativa depende de la potestad que el legislador le otorgó a la administración. Si la entidad no la ejerce, no está violando el contrato, sino dejando de usar una prerrogativa legal. Por tanto, no se pueden reclamar perjuicios derivados de un "incumplimiento" que técnicamente no existe en el plano prestacional.

¿Cómo se protegen los saldos a favor del contratista si no hay liquidación?

Si bien no hay incumplimiento automático, el contratista no está desprotegido. La vía correcta no es pedir la declaración de incumplimiento, sino solicitar la liquidación judicial del contrato. En este escenario, el juez asume la tarea que las partes no pudieron completar.

En el fallo comentado, se ordenó la devolución de la "retención en garantía". Es vital notar que, como el contrato supeditaba este pago a la liquidación, la entidad no estaba en mora hasta que el juez realizó dicho balance. No obstante, para evitar que el contratista sufra por la devaluación, el Consejo de Estado ordenó la indexación de las sumas basándose en el IPC.

Implicaciones prácticas para la contratación estatal en las entidades públicas

Para los litigantes y asesores, esta sentencia impone varias lecciones:

1. Documentación rigurosa: La mayoría de las liquidaciones fallidas ocurren por falta de soportes. La carga de la prueba en la ejecución sigue siendo un pilar.
2. Acción oportuna: No es recomendable esperar años a que la entidad liquide unilateralmente. Si el diálogo se rompe, la demanda de liquidación judicial debe ser la prioridad.
3. Indexación: Siempre se debe solicitar la actualización de valores. La justicia no es completa si se paga con pesos devaluados.

En conclusión, la liquidación es el cierre contable y jurídico de la relación contractual, pero su ausencia administrativa no es un cheque en blanco para reclamar incumplimientos. Es un proceso que requiere lealtad, pero que respeta la libertad de las entidades de no aceptar cuentas poco claras.

Ver sentencia:

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Por Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal

¿La obra terminada cura el incumplimiento administrativo? El rigor del Consejo de Estado en la liquidación de convenios

En el mundo de la contratación pública colombiana, existe una creencia errónea pero muy extendida: si la obra física se entregó y funciona, lo demás es "carpintería administrativa". Sin embargo, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su reciente sentencia del 28 de mayo de 2026 (Expediente 74080), ha establecido una serie de parámetros a tener en cuenta. No, la entrega del cemento no purga la falta de documentos.

Esta providencia resuelve una controversia entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Francisco, Putumayo, derivada de un convenio interadministrativo para la construcción de un Centro de Integración Ciudadana (CIC). El caso es una advertencia necesaria para todos los operadores jurídicos del Estado.

¿Es lo mismo el objeto del contrato que el objeto de la obligación?

Esta es la pregunta pilar que desarrolla la sentencia. Muchas veces, los contratistas y entidades confunden la finalidad macro del negocio con las prestaciones individuales. El Consejo de Estado nos recuerda que mientras el objeto del negocio jurídico se identifica con la finalidad perseguida (promover la convivencia ciudadana mediante un CIC), el objeto de la obligación es el comportamiento específico que el deudor se compromete a ejecutar (suministrar información para la liquidación).

El municipio argumentó que, al haber construido la obra y firmado prórrogas, ya había "colaborado" suficientemente. No obstante, el alto tribunal fue enfático: la obligación de entregar soportes para el balance final de cuentas es una prestación autónoma y principal. Si no se cumple esa conducta específica, hay incumplimiento, independientemente del éxito de la construcción física.

¿Se debe probar el daño para cobrar una cláusula penal si la obra fue recibida a satisfacción?

Este es quizás el punto más doloroso para el municipio demandado. Su defensa se centró en que el Ministerio no sufrió ningún daño patrimonial, pues los recursos se invirtieron y el CIC estaba operando. Sin embargo, el derecho civil aplicado a la contratación estatal establece una presunción de derecho en el artículo 1599 del Código Civil.

Cuando se pacta una cláusula penal, el acreedor queda liberado de la carga de probar el perjuicio. La ley asume que el incumplimiento en sí mismo ya genera un daño que fue tasado anticipadamente por las partes. Por lo tanto, el deudor no puede pretender exonerarse demostrando que su falta de diligencia no causó un "hueco" en las arcas del Estado. El orden administrativo es un bien jurídico protegido por la pena convencional.

¿Por qué el juez no redujo el monto de la sanción a pesar de ser un incumplimiento menor?

A menudo, los abogados invocamos la equidad para pedir que, si se cumplió con el 90% del contrato (la obra), la multa por el 10% restante (el papeleo) se reduzca proporcionalmente. Pero aquí hay una trampa contractual común.

En el convenio F-326, las partes redactaron la cláusula penal para que operara en casos de "incumplimiento parcial o definitivo". Según la jurisprudencia y la doctrina citada por el Consejo de Estado, cuando se incluye expresamente el incumplimiento "parcial", las partes están renunciando tácitamente a la reducción por cumplimiento parcial de otras obligaciones. La autonomía de la voluntad prevalece: si usted aceptó que cualquier falla, por pequeña que sea, genera la pena total, el juez debe respetar ese acuerdo.

Implicaciones prácticas para la contratación estatal

Este fallo nos deja varias lecciones que debemos implementar de inmediato en nuestras oficinas jurídicas:

1. Redacción de Cláusulas: Si representa a un contratista o municipio, evite que la cláusula penal diga "parcial o total" sin matices, pues le quita al juez la facultad de moderar la sanción.
2. Gestión Post-contractual: La liquidación no es un trámite de oficina; es una obligación contractual cuyo incumplimiento activa multas automáticas.
3. Supervisión Activa: Las entidades nacionales deben requerir formalmente la información de liquidación para constituir en mora al deudor y asegurar el cobro de las garantías o penas.
4. Cero Excusas en Convenios: El hecho de que sean dos entidades públicas "colaborando" no disminuye el rigor legal. Los convenios son contratos estatales y se rigen por la misma severidad.

En conclusión, la sentencia 74080 es un recordatorio de que en el derecho administrativo la forma es fondo. La eficiencia en la construcción de la infraestructura debe ir de la mano con la pulcritud en la gestión documental. De lo contrario, los recursos ahorrados en la obra se perderán pagando cláusulas penales por negligencia administrativa.

Ver sentencia:

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Por Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal

Guía Jurídica sobre el Anticipo y la Caducidad: ¿Cómo recuperar los recursos públicos?

El manejo del anticipo en la contratación estatal colombiana siempre ha transitado por una línea delgada entre el apoyo financiero al contratista y el riesgo de pérdida de recursos del erario. Recientemente, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, a través del Concepto C-812 de 2026, ha sistematizado las reglas de juego cuando el contrato termina de forma abrupta por caducidad.

Este pronunciamiento es una hoja de ruta necesaria para asesores jurídicos y ordenadores del gasto que enfrentan la compleja tarea de liquidar contratos en crisis.

¿La declaratoria de caducidad extingue la obligación de devolver el anticipo no amortizado?

Rotundamente no. La caducidad es una sanción administrativa que termina el vínculo contractual por el incumplimiento del contratista, pero de ninguna manera constituye un perdón de sus deudas con el Estado. El ordenamiento jurídico colombiano establece que los recursos entregados como anticipo mantienen su naturaleza de fondos públicos hasta que se verifique su inversión real en el objeto del contrato.

Cuando una entidad declara la caducidad, se activa inmediatamente el deber de liquidar el negocio jurídico. En este balance final, la entidad debe cruzar lo entregado frente a lo ejecutado. Si existe un saldo de anticipo pendiente, este debe quedar consignado como una obligación clara, expresa y exigible a cargo del contratista en el acta de liquidación, la cual servirá de base para un cobro coactivo o un proceso ejecutivo.

¿En qué momento exacto la entidad pierde competencia para liquidar el contrato unilateralmente?

Este es uno de los debates procesales más intensos en el derecho administrativo. La importancia radica en que, si la entidad liquida sin tener competencia, el acto administrativo es nulo.

Según el análisis de la jurisprudencia mayoritaria del Consejo de Estado citado en el concepto, la pérdida de competencia ocurre con la notificación del auto admisorio de la demanda que pretenda la liquidación judicial. Es vital entender que la simple presentación de la demanda no le quita la facultad a la administración. Este criterio otorga seguridad jurídica a las entidades para cerrar sus cuentas mientras el proceso judicial no se haya formalizado mediante la notificación.

¿Cubre el amparo de "Buen Manejo" la simple falta de amortización?

Aquí encontramos el punto de mayor evolución jurídica. Tradicionalmente, se pensaba que cualquier peso no devuelto del anticipo era un "mal manejo". No obstante, las sentencias más recientes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia diferencian los conceptos.
El amparo de buen manejo y correcta inversión protege contra la no inversión, el uso indebido o la apropiación indebida. Si un contratista utilizó el dinero para comprar materiales que están en la obra, pero por la terminación del contrato no pudo presentar la factura para amortizar, no necesariamente hubo un uso indebido. En estos casos, la entidad debe analizar si lo que procede es afectar la garantía de cumplimiento por el no pago de la obligación de amortizar, en lugar de intentar forzar un siniestro de mal manejo que podría ser rechazado por la aseguradora.

Implicaciones prácticas para la contratación estatal

Para evitar inconvenientes al momento de vigilar y tomar decisiones, las entidades deben:

• Exigir fiducias: En los casos previstos por la Ley 1474 de 2011, la fiducia es la mejor garantía de que el dinero no se esfumará tras una caducidad.
• Vigilar el Plan de Inversión: Un plan de inversión detallado y vinculado al contrato permite identificar rápidamente si el recurso se desvió o si simplemente hay un retraso contable.
• Liquidar con agilidad: No esperar a que el juez asuma el conocimiento del caso. La liquidación oportuna es la herramienta de cobro más eficaz.

El concepto C-812 de 2026 nos recuerda que, en el derecho público, la forma es fondo. Gestionar correctamente el anticipo desde el pliego de condiciones ahorra años de litigios inciertos.

Ver concepto:

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Por: Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación estatal 

El Mito de la Inmunidad de los Patrimonios Autónomos ante la Ley de Garantías

La gestión de recursos públicos a través de patrimonios autónomos ha sido, tradicionalmente, una herramienta para dotar de agilidad a proyectos complejos, como los de ciencia y tecnología. No obstante, surge una pregunta recurrente en cada ciclo electoral: ¿Pueden estos fondos contratar sin las ataduras de la Ley 996 de 2005? El Consejo de Estado, en el radicado 2474 de 2022, ha resuelto esta incógnita con un análisis que redefine el alcance de la "contratación directa" en Colombia.

No obstante y antes de abordar los puntos de análisis, es preciso aclarar que si bien es cierto el concepto es del año 2022, este se encontraba revestido de reserva legal. Su reserva fue levantada mediante Auto del 19 de mayo de 2026, motivo por el cual el Consejo de Estado la publicó en sus canales de divulgación.

¿Qué resolvió el Consejo de Estado sobre el Fondo Francisco José de Caldas?

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación buscaba determinar si el Fondo Francisco José de Caldas, administrado por una fiduciaria bajo el régimen de derecho privado, debía detener su contratación directa durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales. La importancia de este pronunciamiento radica en que muchas entidades utilizan la fiducia para ejecutar presupuestos nacionales, creyendo que el traslado patrimonial hacia el fondo privado las exime de las restricciones de la Ley de Garantías.

¿Por qué un patrimonio autónomo se considera un "ente del Estado" en periodo electoral?

A pesar de que el patrimonio autónomo constituye una bolsa de bienes separada, la Sala de Consulta y Servicio Civil fue enfática: el fondo no tiene independencia funcional. La fiduciaria actúa como vocera, pero las instrucciones, la aprobación de los proyectos y la dirección estratégica permanecen en cabeza del Ministerio.

Además, la Fiduprevisora S.A., en su calidad de sociedad de economía mixta, es una entidad estatal. El Consejo de Estado subraya que el término "todos los entes del Estado" utilizado en la Ley 996 es expansivo. No importa la naturaleza jurídica o el régimen de contratación; si el fin es el interés general y el origen de los fondos es estatal, la restricción aplica.

¿Qué significa realmente "contratación directa" según este concepto?

Esta es quizá la mayor enseñanza del fallo. Para el litigante común, la contratación directa es una modalidad del artículo 2 de la Ley 1150. Sin embargo, para la justicia administrativa en materia electoral, la "contratación directa" es cualquier procedimiento que no incluya una convocatoria pública.

Implicaciones prácticas para la contratación estatal

Este criterio obliga a las entidades con regímenes especiales a repensar su planeación anual. No basta con alegar la urgencia de la ciencia o la especialidad del derecho privado. Para contratar en año electoral, es indispensable que el proceso de selección cuente con convocatoria.

Para los abogados asesores, la recomendación es clara: auditar los contratos derivados de patrimonios autónomos. Si se han celebrado convenios o contratos de manera directa en los cuatro meses previos a las elecciones, existe un riesgo inminente de nulidad y de investigaciones disciplinarias. La transparencia no es solo un principio moral, es el único salvoconducto legal para la ejecución presupuestal en tiempos de urnas.

Conclusión

El concepto 2474 de 2022 derriba el muro entre el derecho privado y las restricciones públicas en periodos electorales. La seguridad jurídica de la nación depende de que los recursos no se utilicen para alterar la contienda, y el Consejo de Estado ha dejado claro que la estructura de la fiducia mercantil no será permitida como un mecanismo de elusión.

Leer aqui:

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Por: Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal

La Nueva Compra Pública: Análisis del Decreto 552 de 2026

La contratación estatal en Colombia ha dado un paso que muchos consideraban lejano. Con la expedición del Decreto 552 de 2026, el Gobierno Nacional establece lineamientos claros en materia de Empresas y Derechos Humanos, afectando directamente la forma en que se estructuran los procesos de selección en el país. Esta norma no solo busca cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú o las directrices de la OCDE, sino que intenta sanar la desarticulación institucional en territorios críticos.

¿Qué cambia realmente en los procesos de selección?

La respuesta corta es:si. El cambio esencial se encuentra en el Artículo 2.1.7.8.2.2.6, que obliga a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional a incorporar criterios técnicos basados en derechos humanos. Esto significa que la debida diligencia de las empresas —su capacidad para identificar, prevenir y mitigar riesgos— se convierte en un factor de ponderación objetiva.

Preguntas Frecuentes sobre la Implementación

¿Este decreto aplica a los contratos que ya están firmados? No. El decreto es explícito al señalar que no genera cargas retroactivas para los contratos ya celebrados. Se aplica a los procesos de contratación y negociación posteriores a su entrada en vigor.

¿Las alcaldías y gobernaciones están obligadas a cumplirlo? El ámbito de aplicación obligatorio es para la Rama Ejecutiva del nivel nacional. Sin embargo, el decreto faculta y promueve que las entidades territoriales adopten o armonicen estas medidas en sus propios planes y programas de desarrollo local.

¿Qué es la "debida diligencia reforzada" que menciona la norma? Es una exigencia mayor para empresas que operan en zonas afectadas por el conflicto armado o con alto riesgo ambiental. En estos contextos, el Estado y el contratista deben extremar medidas para garantizar que la actividad económica no agrave vulneraciones preexistentes.

Implicaciones prácticas para la gestión contractual

Para los jefes de contratación y oficinas jurídicas, el reto es mayúsculo. Deben empezar por conformar los Grupos Internos de Trabajo (GIT) en un plazo de tres meses. Posteriormente, la tarea será traducir estos grandes conceptos de derechos humanos en indicadores medibles y metas verificables dentro de los pliegos de condiciones, sin romper el principio de selección objetiva.

La norma también exige una coherencia institucional para evitar duplicidades en los reportes. Se busca que el sistema sea accesible y transparente, garantizando el acceso a la información según los estándares de Escazú.

La conclusión resumida del Decreto:

El Decreto 552 de 2026 saca a la contratación estatal de su zona de confort mecánica. Nos desafía a construir un modelo de desarrollo donde la eficiencia económica sea inseparable de la dignidad humana. Es una oportunidad para que el Estado utilice su poder de compra como una herramienta de transformación social real.

El Decreto fue amablemente compartido por Beltrán Pardo Abogados y puede ser leido aqui: click aqui

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Por Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal

La Fuerza Mayor en la Era Tecnológica: Lecciones del Consejo de Estado sobre el Incumplimiento Contractual

El cumplimiento de los contratos estatales en Colombia exige un nivel de diligencia que a menudo es subestimado por los particulares. Recientemente, el Consejo de Estado, en la sentencia con radicado 73.825, resolvió una controversia que pone los puntos sobre las íes en materia de fuerza mayor y riesgos de suministro. ¿Qué sucede cuando un proveedor internacional falla y el contratista queda atrapado entre la entidad y la fábrica?

El caso analizado involucró la compra de 1.404 computadores para el Departamento de Antioquia. El contratista alegó que problemas en la fabricación de procesadores en Asia le impidieron cumplir. Sin embargo, el tribunal desestimó este argumento bajo una lógica impecable: la irresistibilidad.

Para que exista fuerza mayor, el evento no solo debe ser imprevisible y externo, sino irresistible. En este proceso, se descubrió que la ficha técnica del contrato no obligaba a entregar una marca específica. Al existir alternativas en el mercado como Lenovo, Acer o Asus, el contratista no pudo demostrar que le fuera imposible cumplir con el objeto del contrato acudiendo a otros canales. El riesgo es del deudor.

¿Es el contratista responsable por su cadena de suministro?

Absolutamente. La exterioridad es un requisito esencial de la fuerza mayor. La Sala determinó que la selección y gestión de los proveedores pertenece a la esfera de organización del contratista. Si este decide concentrar su operación en un solo fabricante y este falla, la contingencia es interna y no constituye una "causa extraña". Este criterio es vital para los asesores jurídicos al momento de redactar ofertas: diversificar proveedores no es solo una estrategia comercial, es una salvaguarda legal.

¿Cómo afecta el uso del SECOP II a la prueba en el proceso judicial?

Un aspecto procesal fascinante de este fallo es el tratamiento del expediente administrativo. Ante la negligencia de la entidad estatal de aportar los antecedentes completos, el Consejo de Estado validó el uso del SECOP II como fuente directa de prueba para el juzgador. Esto significa que la carga de la prueba se ha matizado; el acceso libre y ciudadano a la información contractual permite al juez verificar la verdad real por encima de las omisiones de las partes.

Implicaciones prácticas para la contratación estatal

Para las entidades, este fallo refuerza su potestad para hacer efectivas las garantías ante incumplimientos que se escudan en "crisis globales" genéricas. Para los contratistas, la lección es clara: la fuerza mayor requiere una prueba pormenorizada y técnica. No basta con aportar recortes de prensa o cartas del fabricante; hay que demostrar que se agotaron todas las vías posibles para honrar el compromiso.

El derecho administrativo colombiano sigue evolucionando hacia un estándar de responsabilidad donde la autonomía del contratista implica también asumir las consecuencias de sus decisiones logísticas.

Ver sentencia:

Por: Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal

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El Rigor en los Plazos de las Adendas y la Revocatoria del Acto de Apertura: Análisis del Concepto C-700 de 2026

La contratación estatal en Colombia no permite los "paños de agua tibia" cuando se trata de la legalidad de los procesos de selección. Recientemente, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, a través del Concepto C-700 de 2026, ha despejado las dudas sobre la estabilidad de los actos de apertura y el alcance real de las adendas. Este pronunciamiento es fundamental porque delimita hasta dónde llega la facultad de la administración para corregir sus propios yerros y cuándo la única opción es la extinción del proceso.

¿Cuándo una adenda deja de ser una corrección y se convierte en una ilegalidad?

La facultad de modificar los pliegos de condiciones mediante adendas no es absoluta. El concepto señala que existen límites materiales y temporales infranqueables. Materialmente, no se puede alterar el núcleo del proceso: el objeto, el sistema de selección, el presupuesto o los criterios para calificar las ofertas.

Temporalmente, el rigor es máximo. El artículo 30.5 de la Ley 80 y el Decreto 1082 de 2015 establecen que en las licitaciones las adendas deben expedirse al menos tres días hábiles antes del cierre. ¿Qué pasa si la entidad publica una modificación sustancial fuera de este plazo? La respuesta es contundente: el acto goza de nulidad absoluta. No importa si la intención de la entidad era "garantista" (como ampliar plazos para fomentar concurrencia); la violación del término legal desplaza cualquier análisis de conveniencia.

¿Se puede 'curar' cualquier vicio mediante el saneamiento del artículo 49 de la Ley 80?

Existe una creencia errónea de que el jefe de la entidad puede sanear cualquier irregularidad mediante un acto motivado. El Concepto C-700 aclara que el saneamiento es una medicina para vicios leves. Solo es aplicable a defectos de procedimiento o de forma que no constituyan causales de nulidad.  El concepto expone algunos de los siguientes escenarios:

"i) la designación del comité de evaluación, que quedó mal conformado y que más tarde debe modificarse en su integración; ii) la falta de publicación de algún anexo o documento que debía adjuntarse con los estudios previos, iii) el informe de evaluación o el documento de respuestas a las observaciones, si en ellos se incurre en alguna irregularidad; iv) errores en los términos y plazos que se incluyen en los plazos de los cronogramas de los procesos de selección, siempre que ello no implique modificarlos; v) un traslado de un documento, solicitud u observación que no se hizo; vi) una publicación que no se hizo por el término previsto en el ordenamiento, por ejemplo, si el informe de evaluación en la licitación se publicó por 3 y no por 5 días; viii) una o varias observaciones que no se contestaron por la entidad; ix) un documento que debía cumplir con una formalidad especial y no se surtió; o x) alguna solicitud de autoridad pública que no se resolvió o atendió por la entidad pública"

Por ejemplo, es posible sanear la falta de publicación de un estudio previo o errores en la designación de un comité evaluador. Pero si estamos ante un vicio sustancial —como la expedición de adendas extemporáneas—, la figura del saneamiento es inaplicable. En estos casos, el vicio es "insaneable" porque compromete principios estructurales como la transparencia y la selección objetiva.

El mito de los derechos adquiridos: ¿Es revocable el proceso si ya presenté mi oferta?

Uno de los puntos más polémicos que resuelve el concepto es la procedencia de la revocatoria directa del acto de apertura. ¿Puede la entidad dar marcha atrás de forma unilateral cuando ya tiene las propuestas en su poder?


La Agencia adopta la denominada "Tesis Cuarta". Bajo esta visión, el acto de apertura mantiene su carácter general incluso después de recibidas las ofertas. Esto significa que los proponentes no tienen un derecho consolidado, sino una mera expectativa de que su oferta sea evaluada. En consecuencia, la administración no necesita el consentimiento de los participantes para revocar el proceso si advierte que este transgrede el ordenamiento jurídico. La legalidad y el interés público tienen preferencia sobre las expectativas negociales de los particulares.

Implicaciones prácticas para la contratación estatal

Para los funcionarios públicos, este concepto es un llamado a la planeación técnica y jurídica. Un error en el cronograma de adendas puede obligar a revocar todo un proceso, con los costos en tiempo y recursos que ello implica. Para los contratistas, es un recordatorio de que su participación en una licitación no les otorga derechos hasta que el acto de adjudicación esté en firme.


En definitiva, el Concepto C-700 de 2026 refuerza que en el derecho administrativo la forma es garantía de justicia. No se pueden convalidar actuaciones que distorsionen el escenario competitivo, pues el fin último de la contratación no es simplemente comprar, sino hacerlo bajo las mejores condiciones para el interés general.


Ver documento a continuación

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Por: Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal

El Laberinto del Decreto 1600 de 2024: ¿Es Subsanable el Reporte de Situaciones de Control?

En el complejo ecosistema de la contratación estatal en Colombia, la expedición del Decreto 1600 de 2024 introdujo una carga adicional para los proponentes: informar sus situaciones de control dentro de los tres días siguientes al cierre del proceso. Esta medida, enmarcada en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, busca dotar a las entidades de herramientas para detectar vínculos societarios que puedan poner en riesgo la transparencia. No obstante, ha surgido una duda que inquieta a asesores y funcionarios: ¿el incumplimiento de ese plazo conlleva el rechazo irremediable de la propuesta?

La Agencia Nacional de Contratación Pública, mediante el concepto C-690 de 2026, ha despejado las sombras sobre este asunto. Su análisis no solo es una lección de técnica jurídica, sino un recordatorio de que la administración debe actuar con razonabilidad y apego al debido proceso.

¿Qué naturaleza tiene el reporte de situaciones de control?

Es fundamental entender que este documento no es un fin en sí mismo. Su propósito es servir de insumo para que la entidad estatal verifique la capacidad jurídica de los oferentes y descarte la configuración de inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993. Al ser un instrumento de verificación de requisitos habilitantes y no un factor que asigne puntaje para la ponderación de las ofertas, su régimen se rige por la flexibilidad de la subsanación. La esencia de la oferta —su precio, su calidad y su objeto— permanece intacta aunque el reporte de control se presente días después del plazo inicialmente previsto.

¿Puede una entidad estatal rechazar una oferta por no presentar este reporte en el plazo de tres días?

La respuesta corta es no, al menos no de manera automática. Las facultades de las entidades para establecer causales de rechazo en los pliegos de condiciones tienen límites infranqueables: la ley y los principios de proporcionalidad. El régimen de la Ley 1150 de 2007 es perentorio al señalar que son subsanables las omisiones en documentos que no afecten el puntaje. Por ello, si un proponente no aporta la información de control en el término de tres días, la entidad está facultada —y obligada— a solicitarle que complete o aclare dicha información antes de proceder a cualquier descalificación. El rechazo solo es procedente si, tras el requerimiento de subsanación, el oferente persiste en su omisión o si la información revelada demuestra una inhabilidad insalvable.

¿Qué ocurre si la información ya reposa en el Registro Único de Proponentes (RUP)?

El RUP es plena prueba de la información que contiene. Si un oferente ya ha entregado los datos sobre sus situaciones de control a la Cámara de Comercio y estos constan en el registro certificado, la Agencia estima que no es necesario un nuevo requerimiento. La entidad estatal puede y debe verificar la realidad jurídica del proponente acudiendo a este instrumento público. El formalismo de un formulario adicional no puede opacar la realidad jurídica que ya ha sido validada por el operador del registro.

Ahora bien, es claro que esta regla no aplica para procesos donde NO se exige el RUP, por ende la entidad deberá establecer el mecanismo mediante el cual verificará este requisito.

Implicaciones prácticas para la contratación estatal

Esta postura de Colombia Compra Eficiente refuerza la seguridad jurídica. Los abogados litigantes tienen ahora un soporte sólido para impugnar actos de rechazo que se fundamenten en meros incumplimientos de plazos para requisitos subsanables. Por su parte, las entidades estatales deben revisar sus manuales de contratación y pliegos de condiciones para asegurar que no están imponiendo "plazos de caducidad" ilegales a documentos que la ley ordena permitir subsanar.

En conclusión, la lucha contra la corrupción debe ser vigorosa pero respetuosa del debido proceso. El Decreto 1600 de 2024 es una herramienta valiosa, pero no puede ser interpretado como una trampa para excluir oferentes idóneos por faltas formales que no lesionan el interés general ni la selección objetiva.

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Por Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal

La promesa de compraventa frente a la escritura pública: Lecciones letales sobre la caducidad en la contratación estatal

Firmar documentos sin rigor trae consecuencias desastrosas. El reciente fallo del Consejo de Estado sobre el municipio de Barbacoas nos recuerda, con inusitada crudeza, los peligros procesales de declarar deudas saldadas en una escritura pública sin haber constatado el desembolso material en nuestras cuentas bancarias. La jurisdicción contenciosa no ampara la ingenuidad del contratista.

Nuestra práctica diaria enfrenta este tipo de encrucijadas. La promesa de compraventa en el derecho administrativo suele generar confusiones monumentales entre particulares y entidades, especialmente cuando se anticipan obligaciones de dar que luego entran en colisión directa con la redacción del negocio final. A continuación, desgranaremos los cimientos de esta providencia para blindar futuras negociaciones inmobiliarias con el Estado.

¿Es la promesa de compraventa un contrato de tracto sucesivo?

La respuesta técnica es un no absoluto. Muchos litigantes asumen erróneamente que, al pactarse pagos escalonados en distintas vigencias fiscales, la promesa adquiere una vocación de continuidad en el tiempo. Esta creencia resulta procesalmente fatal para cualquier demanda.

El máximo tribunal administrativo ratificó que nos hallamos ante un negocio preparatorio de ejecución instantánea. Su naturaleza radica exclusivamente en una obligación fundamental de hacer, consistente en suscribir el contrato prometido una vez acaezca el plazo determinado. Que el desembolso del precio se difiera temporalmente no transmuta la esencia del contrato preparatorio, pues el objeto central se materializa y se agota en un único momento histórico: la firma de la escritura.

¿Qué ocurre cuando las cláusulas de la promesa difieren de la escritura?

El choque de instrumentos desata interpretaciones encontradas. En el caso examinado, la promesa estipulaba claramente un saldo millonario a favor del vendedor para el año siguiente, pero la escritura pública documentó un paz y salvo integral sin dejar margen a dudas interpretativas. La prevalencia documental define el litigio.

La Corte Suprema y el Consejo de Estado coinciden en que los pactos de la promesa son provisionales. Si el contrato definitivo altera la forma de pago o declara extinta la obligación pecuniaria, este último instrumento recoge la voluntad irrebatible de las partes y sustituye el querer inicial. Alegar un incumplimiento sobre un acuerdo que fue expresamente sepultado por una escritura posterior constituye un desgaste judicial huérfano de cualquier viabilidad probatoria.

¿Cómo se cuenta la caducidad ante promesas incumplidas?

El reloj procesal jamás perdona la inactividad del demandante. Al catalogarse como un negocio de ejecución instantánea, el término preclusivo de dos años empieza a correr fatalmente desde el día siguiente en que se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato. Las matemáticas judiciales son inflexibles aquí.

Para el demandante de Barbacoas, la fecha fatídica fue el día posterior a la firma notarial. Como en la escritura se declaró la extinción del precio, la obligación emanada de la promesa murió jurídicamente en ese instante exacto, aniquilando cualquier pretensión futura de cobrar el saldo mediante la figura de controversias contractuales. Incluso considerando la atípica suspensión de términos que nos impuso la pandemia, su acción caducó mucho antes de tocar las puertas del juzgado.

Implicaciones prácticas para la contratación inmobiliaria estatal

Nuestro ejercicio profesional exige una cautela milimétrica. Resulta una negligencia temeraria permitir que un cliente suscriba una escritura pública de venta parcial o total con el Estado, otorgando recibos a satisfacción, si la entidad territorial apenas cuenta con disponibilidades presupuestales futuras. La fe en las promesas verbales del administrador de turno no tiene cabida en los estrados judiciales.

Este precedente consolida una advertencia insoslayable para todos los operadores jurídicos. Siempre que se celebren negocios preparatorios con entidades estatales, el tránsito hacia la formalidad notarial debe reflejar fielmente la realidad financiera de la transacción. Si existe un saldo pendiente amparado en vigencias futuras, la escritura pública debe consagrarlo de manera diáfana, evitando fórmulas de paz y salvo que terminen transformándose en la guillotina procesal de nuestros derechos crediticios.

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Por Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal

La especialidad del procedimiento sancionatorio contractual: Por qué las aseguradoras no pueden frenar a la administración

En el ejercicio del litigio y la asesoría en derecho público, a menudo topamos con debates que parecen no tener fin. Uno de ellos gira en torno al alcance de las garantías procesales de las compañías de seguros en el marco de la caducidad, multas e incumplimientos de los contratos estatales.

Hace poco, el Consejo de Estado profirió una providencia magistral que desmitifica varios argumentos utilizados por las afianzadoras para evadir o torpedear sus obligaciones. El litigio involucraba la pavimentación de una vía, el abandono miserable del contratista y un anticipo que se desvaneció en subcontrataciones ficticias. Ante el actuar firme de la alcaldía, la garante demandó, argumentando violaciones al debido proceso. La respuesta del alto tribunal decanta reglas basilares que todo practicante del derecho debe dominar.

¿Aplica el CPACA en las audiencias de incumplimiento?

Las confusiones procedimentales cuestan caras. Muchos apoderados de aseguradoras fundamentan sus excepciones en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), exigiendo traslados de pruebas, notificaciones personales complejas y términos que no están en la norma contractual.

El Consejo de Estado zanjó la disputa. El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) contempla un procedimiento especial, expedito e integral. El legislador diseñó este mecanismo para salvaguardar el erario de manera urgente,. El CPACA ostenta un carácter meramente residual,.

Tratar de incrustar ritualismos de la normativa general en una audiencia de incumplimiento desnaturaliza la potestad sancionatoria del Estado. La citación a la aseguradora no exige solemnidades extraordinarias; basta con comunicar la fecha y el alcance de la mora obligacional,. Las notificaciones se surten en estrados. Si la entidad cumple este estándar, su actuar se presume legal y ajustado a derecho.

El aplazamiento de audiencias: ¿Garantía o táctica dilatoria?

Un debate fascinante del fallo radicó en la solicitud de aplazamiento. La empresa de seguros pidió diferir la audiencia porque su apoderada tenía otros compromisos agendados y porque faltaba el traslado previo de un informe técnico. La administración rechazó la solicitud. ¿Existió violación al debido proceso?.

La jurisprudencia fue implacable. No existe ninguna obligación legal de suspender una diligencia sancionatoria por el simple choque de agendas de una entidad privada. Tratándose de una corporación con presencia nacional y capacidad económica, bien podía sustituir el poder o designar un suplente. Además, la norma especial no prevé traslados de pruebas previos a la audiencia; estos se exhiben y contradicen en el desarrollo mismo de la diligencia pública.

El tribunal priorizó la eficacia material. Cuando una obra registra menos del 2% de avance y los dineros del Estado corren peligro, la alcaldía incurriría en falta grave si paraliza su accionar punitivo para complacer la comodidad de un tercero,. La inasistencia injustificada de la garante bajo el argumento de que "no le aplazaron" sella su suerte; no puede alegar luego que se tomó una decisión a sus espaldas.

¿Se debe liquidar el contrato para cobrar la póliza?

Este es un sofisma persistente en nuestro medio. Se suele argumentar que, hasta que no se realice el corte de cuentas definitivo del negocio jurídico, el siniestro del anticipo no puede ser exigible.

La corporación judicial destruyó este argumento. La autonomía del contrato de seguro frente al contrato estatal permite a la administración declarar el siniestro inmediatamente si encuentra probada la no inversión, el uso indebido o la apropiación de los dineros públicos,. La aseguradora no detenta potestades para obligar a la entidad a finiquitar la etapa liquidatoria como prerrequisito para el pago. Si el contratista huyó con los recursos, el riesgo amparado mutó en siniestro, y el deber de indemnizar nace sin mayor espera.

Implicaciones prácticas para la contratación estatal

El dictamen del Consejo de Estado robustece las facultades de supervisores, interventores y ordenadores del gasto. Nos deja directrices cristalinas:Celeridad ante todo: Las audiencias del artículo 86 deben avanzar sin titubeos.Solidez en el expediente: Un buen informe de interventoría es suficiente para sostener los cargos y desestimar peticiones dilatorias.Firmeza frente a terceros: Las aseguradoras deben presentarse y debatir en la oportunidad procesal; su ausencia no vicia el procedimiento.

Conocer estas subreglas transforma por completo la dinámica en las mesas de trabajo institucionales. Los asesores del Estado deben actuar con la confianza de que el precedente ampara la protección vigorosa del patrimonio colectivo.

Sentencia:

Por: Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación estatal

Lecciones de formalidad en la contratación estatal: Análisis de un reciente fallo del Consejo de Estado

La palabra no basta en lo público. En el ejercicio del derecho administrativo, la confianza desmedida en los acuerdos verbales suele terminar en los tribunales con resultados profundamente desfavorables para los contratistas. ¿Qué sucede verdaderamente cuando una firma asume obligaciones materiales que no constan en el texto del contrato original? El Consejo de Estado, mediante una sólida providencia dictada en abril de 2026, resolvió una controversia contractual donde un consorcio interventor demandó al Departamento de Antioquia. La demanda exigía cuantiosos pagos por labores adicionales, resarcimientos por suspensiones e intereses moratorios. Esta decisión jurisprudencial nos recuerda, de manera muy directa, que la solemnidad del contrato estatal no es un mero formalismo burocrático, sino la principal coraza normativa para salvaguardar el patrimonio privado de quienes colaboran con la administración pública.

Antes de analizar los problemas sustantivos, el fallo resolvió una cuestión procesal determinante sobre el cómputo de los tiempos. El trámite previo de conciliación extrajudicial resultó improbado por el juez, y frente al vacío legal de aquella época sobre el momento exacto para reanudar los términos de caducidad, la corporación aplicó decididamente el principio pro actione. Esta interpretación garantista privilegió el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, habilitando el estudio de fondo del expediente. A pesar de esta apertura procesal inicial, el rigor probatorio posterior selló la suerte del demandante.

¿Puede un contratista cobrar obras o servicios adicionales sin un otrosí firmado?

Asumir labores extra resulta fatal. Durante la ejecución del proyecto vial, el contratista interventor notó que el ente departamental había omitido entregar los diseños geométricos indispensables para avanzar, razón por la cual decidió elaborarlos con sus propios recursos técnicos y humanos. A pesar de que el demandante intentó demostrar este desgaste financiero apoyándose en testimonios de ingenieros residentes y oficios cruzados con supervisores de obra, la jurisdicción negó tajantemente el reconocimiento económico.

La premisa legal aplicable es innegociable bajo nuestro ordenamiento jurídico. Toda obligación adicional que modifique el alcance original debe constar obligatoriamente en un acuerdo escrito suscrito por las partes legitimadas. ¿Es sensato financiar operaciones complejas esperando que una instrucción técnica verbal se legalice en el futuro? El juez precisó que los contratos estatales gozan de carácter estrictamente solemne, concluyendo que la falta de un pacto formal previo imposibilita jurídicamente condenar a la entidad territorial al pago de semejantes sobrecostos de ingeniería.

¿Qué sucede si firmo un acta de suspensión sin dejar salvedades económicas?

El silencio financiero anula derechos. Resulta cotidiano que la ejecución de la infraestructura pública enfrente tropiezos que obligan a detener temporalmente los calendarios de trabajo, generando la necesidad de suscribir actas de suspensión. En la situación bajo examen, los representantes del consorcio aceptaron y firmaron la suspensión temporal de mutuo acuerdo, pero cometieron el grave error de no plasmar ninguna salvedad económica respecto a los altos costos de sostenimiento del personal inactivo.

Los pliegos de condiciones que rigieron el proceso estipulaban, sin margen de ambigüedad, que la administración no reconocería ningún tipo de remuneración durante los tiempos de inactividad, a menos que existiera una autorización previa y expresa por parte de la dependencia competente. Aquel interviniente que aprueba formalmente la paralización de sus faenas y guarda silencio sobre el impacto en sus finanzas, renuncia de manera automática a reclamar indemnizaciones por este concepto. Este apartado jurisprudencial evidencia la necesidad ineludible de efectuar un análisis financiero riguroso antes de avalar modificaciones al cronograma.

¿Cómo se prueba correctamente la mora para cobrar intereses al Estado?

Cobrar mora exige pruebas contundentes. La lentitud en los desembolsos de las tesorerías oficiales no genera sanciones pecuniarias por el simple paso de los días en el calendario. El consorcio estructuró una de sus pretensiones buscando el pago de intereses moratorios, fundamentando su reclamo en la tardanza de la gobernación para cancelar varias actas de pago mensual.

Sin embargo, el escrutinio judicial reveló una grave falencia en la gestión documental de la empresa contratista. El tribunal de cierre constató que la parte demandante fue incapaz de demostrar la fecha exacta en la cual radicó de forma física las cuentas de cobro ante las oficinas de archivo gubernamentales. Este paso logístico era un requisito indispensable, fijado explícitamente en la cláusula sexta del acuerdo, para activar la contabilización del retardo. Sin un registro de entrada fehaciente que demuestre el instante de recepción, la imposición de una condena por intereses carece de todo fundamento probatorio.

Implicaciones prácticas en la gestión contractual

Documentar previene la quiebra inminente. El fallo examinado supera el contexto particular del demandante y se consolida como un manual de advertencias para directores de proyecto, representantes legales y asesores jurídicos en el sector público. Comprender que las urgencias operativas en el terreno de construcción no derogan las estrictas exigencias formales de la ley es el primer paso hacia la protección corporativa.


Avanzar en frentes de trabajo confiando ciegamente en promesas de pasillo o en actas de comité no legalizadas representa un suicidio financiero. Las compañías contratistas tienen la obligación de instaurar protocolos de administración muy rígidos, garantizando que ninguna actividad nueva arranque sin la expedición de su respectivo soporte presupuestal y la firma del contrato adicional.

Conclusión

Su firma es su mayor seguro. El litigio frente a las entidades estatales demanda un rigor probatorio absoluto y un respeto milimétrico por las reglas documentales aceptadas al presentar la oferta. Para los profesionales del derecho administrativo, esta decisión respalda la constante exigencia de formalizar legalmente cada interacción relevante, desde el ingreso correcto de una factura hasta la negociación de una pausa en las obras. Mantener una administración de contratos preventiva, técnica y jurídicamente blindada es la única ruta segura para asegurar la rentabilidad legítima y esquivar litigios que nacen destinados al fracaso.

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Por: Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal

La Planeación Bifronte en Colombia: Análisis Jurisprudencial de las Cargas Ocultas del Contratista

El litigio contra el Estado dejó de ser un salvavidas financiero para los errores de estructuración privada. Durante décadas, muchas empresas se ampararon en las deficiencias de los estudios previos oficiales para demandar sobrecostos por desequilibrio económico. Esa época terminó. Hoy, la jurisprudencia del Consejo de Estado exige una probidad absoluta desde el primer borrador de la oferta, aplicando con rigor la doctrina de la planeación compartida o bifronte.

El contratista ya no es una víctima pasiva. Analizar a fondo cómo los tribunales resuelven estos conflictos cambia drásticamente la estrategia de quienes hacen negocios con la Administración.

¿Puede el contratista excusarse en la falta de información del Estado?

La respuesta es un rotundo no, y la justificación descansa en el radicado 69775 de 2024. En este proceso, la firma IV Ingenieros Consultores demandó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) pretendiendo la declaratoria de un desequilibrio económico en un contrato de consultoría. El núcleo de su queja radicaba en supuestos trabajos adicionales originados por una entrega tardía de información técnica y cambios en el método constructivo.

El juez contencioso desestimó de tajo estas súplicas. La decisión fue tajante al señalar que el contratista conocía perfectamente la zona de influencia del proyecto y el estado de la información desde que presentó su propuesta. Callar los riesgos detectados en la fase precontractual para, años más tarde, tildarlos de imprevisibles, riñe abiertamente con la buena fe objetiva. Intentar responsabilizar a la Administración de un error de formulación del propio oferente es, según el alto tribunal, un comportamiento abusivo.

¿Alegar "imprevisión" justifica un error técnico en la oferta?

Absolutamente no. Revisemos las lecciones del radicado 64130 de 2025. La sociedad Boskalis Westminster Dredging BV acudió a la jurisdicción para anular la caducidad de su contrato de dragado con el Departamento de Bolívar. Su defensa principal gravitaba en que las duras formaciones rocosas del lecho marino hicieron inoperable la draga de succión que habían ofertado.

La justicia los confrontó con sus propios documentos. Quedó plenamente demostrado que la empresa conocía la presencia de esa roca calcárea meses antes de presentar la licitación. El Consejo de Estado determinó que el proponente incumplió sus propias cargas del deber de planeación. Al elegir un equipo a sabiendas de que sería ineficiente, el contratista asumió un riesgo temerario. El Estado no tiene la obligación de financiar las malas apuestas operativas del sector privado.

¿Qué sucede si el proponente guarda silencio ante deficiencias del Análisis de Precios Unitarios (APU)?

Lo asume íntegramente con su patrimonio. Esta premisa se consolida magistralmente en dos fallos recientes.

Primero, en el radicado 48755 de 2024, la Unión Temporal Jerusalén Ciudad Bolívar demandó al IDU por sobrecostos asociados al incremento del acero y a la implementación de un componente socioambiental. El tribunal rechazó las pretensiones porque la empresa no incluyó estos costos reales en su Análisis de Precios Unitarios (APU). El oferente tenía el deber de pedir aclaraciones durante el traslado de los pliegos. Al no hacerlo, el desajuste económico fue producto de su propia liberalidad al ofertar, no de una falla estatal.

Segundo, el radicado 51911 de 2022 reafirma esta subregla con una claridad abrumadora. El Consorcio Géminis demandó al INVIAS exigiendo pagos extra porque las canteras de la zona no cumplían las especificaciones técnicas para extraer materiales. El Consejo de Estado fulminó la pretensión. Subrayó que el pliego de condiciones obligaba expresamente al contratista a realizar un "examen de los sitios". Conformar un precio asumiendo suposiciones superficiales es una negligencia impropia de un "experto y colaborador de la Administración". Las omisiones en los prepliegos son imperdonables.

Conclusiones para la práctica litigiosa y consultiva

A la luz de esta contundente línea jurisprudencial, la asesoría legal para empresas constructoras y consultoras debe transformarse.

Las reclamaciones por desequilibrio económico o imprevisión están destinadas al fracaso si la entidad pública logra demostrar que el contratista tuvo la oportunidad de conocer el riesgo y calló. El equipo jurídico debe integrarse con el ala técnica mucho antes de redactar la oferta. Cada discrepancia topográfica, cada duda sobre distancias de acarreo y cada deficiencia en los estudios de suelos oficiales debe traducirse en una observación radicada en el SECOP.

Proteger el negocio implica documentar la debida diligencia. En los estrados de hoy, el juez no castiga los imprevistos genuinos; castiga la miopía voluntaria y el silencio oportunista.

Por Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal