La inejecución contractual siempre deja profundas cicatrices financieras. En el vasto campo de la contratación estatal, las disputas sobre quién tiene la culpa cuando una obra fracasa suelen terminar en largos pleitos judiciales donde un paso en falso cuesta miles de millones. La Sentencia 73.421, emitida por el Consejo de Estado el 20 de abril de 2026, aborda precisamente la anatomía de un colapso contractual. El litigio nació de este fracaso. El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) contrató la construcción del puente vehicular El Piñal, una infraestructura que jamás superó la etapa de diseño antes de que su plazo de ejecución expirara irremediablemente.
Al resolver las demandas mutuas, el máximo tribunal contencioso administrativo reafirmó doctrinas ineludibles sobre la temporalidad de las sanciones, la aplicación de la cláusula penal y la rigurosidad probatoria exigida para reclamar perjuicios. Este fallo ofrece directrices invaluables para litigantes y entidades contratantes.
¿Se pueden cobrar multas tras el vencimiento del plazo contractual?
La multa perdió su efecto legal. Esta es una de las conclusiones más severas que el Consejo de Estado le entregó a la entidad pública en este caso. El INVÍAS pretendía cobrar multas pactadas mediante una resolución interna por situaciones como el mal manejo de anticipos y retrasos en la entrega de informes. Sin embargo, la Alta Corte negó estas pretensiones fundamentándose en la naturaleza estricta del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.
Las multas en el régimen público colombiano no tienen un carácter indemnizatorio, sino eminentemente conminatorio. Sirven como una herramienta de presión para constreñir al contratista rebelde a que encauce su comportamiento y cumpla sus obligaciones mientras el contrato se encuentra vivo. Una vez el plazo de ejecución fenece, ese interés de apremio desaparece por completo, pues ya no hay un espacio temporal para ejecutar la prestación debida. Intentar cobrar multas conminatorias en sede de liquidación o en los estrados, años después de vencido el contrato, constituye un despropósito jurídico que la jurisprudencia no avala.
¿Cómo opera la cláusula penal ante un incumplimiento definitivo?
El daño irreversible exige una compensación económica. Mientras las multas fracasaron por extemporáneas, el Consejo de Estado sí reconoció a favor de la entidad contratante el pago de la cláusula penal equivalente al 10% del valor del contrato, tasada en más de 779 millones de pesos históricos.
La procedencia de esta sanción se ancló en la materialización de un incumplimiento definitivo. Al vencer el plazo sin que se hubiese construido un solo metro del puente, el interés general persiguiendo la satisfacción de una necesidad pública se frustró de manera permanente. Frente a la liquidación de este rubro, el tribunal dictó una clase magistral sobre obligaciones civiles: avaló la indexación de la suma para protegerla contra la pérdida de poder adquisitivo desde 2009 hasta la fecha del fallo, garantizando el principio de plenitud del pago. No obstante, denegó el reconocimiento de intereses moratorios sobre el valor de la cláusula penal, aclarando que el contratista incurrió en mora respecto de su obligación principal de construir, mas no frente a la obligación accesoria de pagar la pena, la cual carecía de un plazo específico para su desembolso.
¿Basta con estipular perjuicios adicionales para que el juez los conceda?
Nadie indemniza proyectos sin pruebas concluyentes. El ordenamiento jurídico colombiano (artículo 1600 del Código Civil) y el propio pliego de condiciones de este proyecto permitían a la entidad acumular el cobro de la pena con la indemnización de perjuicios adicionales por daño emergente y lucro cesante. A pesar de contar con esta habilitación normativa, la pretensión fracasó estrepitosamente en los tribunales.
Afirmar un daño no equivale a demostrarlo. Quien alega haber sufrido un menoscabo patrimonial adicional al estimado anticipadamente en la cláusula penal, soporta la carga procesal de probar la existencia del daño y el nexo causal con el incumplimiento. En este expediente, la orfandad probatoria fue absoluta: la entidad solicitó peritajes financieros y contables, pero los peritos designados no rindieron sus informes o no comparecieron a las audiencias de contradicción para sustentarlos. Resulta desalentador observar cómo la desidia probatoria aniquila pretensiones indemnizatorias que podrían haber sido legítimas.
Implicaciones prácticas para la gestión estatal
Este fallo mantiene plena vigencia hoy y nos obliga a repensar las estrategias de supervisión contractual. Para las entidades estatales, el mensaje no admite interpretaciones ambiguas: las facultades sancionatorias deben ejercerse en tiempo real. Postergar la imposición de multas para la etapa de liquidación es firmar su ineficacia. Por otro lado, para los apoderados litigantes, la providencia es un recordatorio severo de que los pleitos de infraestructura se ganan con matemáticas, peritajes sólidos y actividad probatoria diligente, no con meras afirmaciones de afectación al interés público.
Finalmente, la sentencia resalta que las omisiones al momento de sustentar un recurso de apelación limitan de tajo la competencia del superior. Si un juez fundamenta su negativa en la falta de un procedimiento administrativo previo y el apelante guarda silencio sobre ese punto específico, el tribunal de segunda instancia queda atado de manos para revocar la decisión. En el derecho procesal, el que calla frente al argumento nuclear, otorga la razón.
Leer Sentencia: Click aqui.
Por: Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal
