Uno de los principales dolores de cabeza al estructurar un proceso de contratación es la elaboración del estudio de mercado. Muchas veces, los equipos estructuradores se paralizan tratando de cumplir al pie de la letra con los manuales de Colombia Compra Eficiente (CCE), temiendo hallazgos de los entes de control. El reciente Concepto C-544 de 2026 aborda este escenario y nos devuelve a lo básico: la libertad técnica justificada.
La pregunta problema El documento resuelve la siguiente inquietud central: De conformidad con el régimen jurídico de la contratación estatal y teniendo en cuenta el principio de planeación, ¿cuáles son los lineamientos normativos y técnicos que deben observar las entidades estatales para la elaboración del análisis del sector y estudios previos?.
La ley no tarifa el análisis del mercado El principio de planeación exige que antes de abrir cualquier proceso, la entidad identifique su necesidad, los riesgos y las condiciones del mercado. Según el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, es obligatorio revisar las perspectivas legal, comercial, financiera y organizacional del sector. Sin embargo, la norma se detiene ahí. No establece ninguna metodología obligatoria o rígida para recopilar esta información.
Las guías de CCE no son ley El punto más valioso del concepto es la desmitificación de los manuales institucionales. CCE señala expresamente que su “Guía de Elaboración del Estudio del Sector” carece de fuerza vinculante. Es una brújula, no una camisa de fuerza. No debe aplicarse de manera mecánica, ya que la profundidad del estudio depende netamente de la complejidad del bien o servicio que cada entidad pretenda adquirir.
Cero jerarquías en la fijación de precios y el error de estandarizar Cuando se trata de calcular el presupuesto oficial, las entidades suelen dudar si un sondeo de mercado directo pesa más que revisar el histórico de contratos. El Concepto C-544 precisa que no existe ninguna relación jerárquica entre mecanismos. Tanto los sondeos, como la revisión de bases de datos especializadas o el análisis de precios históricos son herramientas completamente válidas.
Y aquí es donde muchas entidades pecan, en mi opinión: en crear documentos muy estandarizados y sin actualizar; o que toman información histórica pero sin contextualizar o indexar. Cuando se acude a los precios históricos, es obligatorio revisar las fluctuaciones económicas, los cambios en la oferta y la demanda, y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para que la comparación no se distorsione.
Lo importante a la postre es verificar las condiciones presentes del mercado para así lograr una compra pública efectiva. Las entidades estatales gozan de total autonomía para escoger el método más idóneo, siempre que esos cálculos presupuestales estén debidamente soportados en estimaciones fundamentadas, técnicas y verificables que reflejen la realidad.
Conocer esta postura nos permite a los asesores y estructuradores defender los documentos precontractuales frente a auditorías, demostrando que la planeación es un ejercicio de raciocinio técnico enfocado en la realidad económica, y no un simple 'checklist' de manual.
En el día a día de la estructuración de procesos estatales surge repetidamente una pregunta problema: ¿Es legalmente posible la exigencia de marcas específicas en los pliegos de condiciones?
Lo que dice la norma
Recientemente, el Concepto C-520 de 2026 emitido por Colombia Compra Eficiente ratificó que en nuestro Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) no existe una norma legal que prohíba solicitar una marca. Las entidades pueden acudir a la autonomía de la voluntad del derecho privado para adquirir los productos que requieran.
El único gran obstáculo normativo está en los Tratados de Libre Comercio (TLC). Si el proceso de contratación entra en el ámbito de aplicación de un TLC, las entidades tienen prohibido usar marcas para garantizar el trato igualitario internacional. Solo hay una excepción: cuando no exista manera alguna de precisar el requerimiento, caso en el cual se debe describir el objeto acompañado obligatoriamente de la etiqueta "o equivalente".
Mi postura profesional: La norma vs. La práctica
(Nota: Lo siguiente hace parte de mi postura profesional y experiencia fuera de los textos normativos citados).
Ahora bien, desde mi opinión como abogado que lleva más de 7 años estructurando procesos de contratación, no me parece correcto definir marcas estrictas para ítems generales. Que el Estatuto no lo prohíba de tajo no significa que sea una buena práctica administrativa.
La selección objetiva precisa no tener ningún tipo de favorecimiento, además de garantizar la mayor pluralidad de oferentes posible y demostrar una debida planeación. Para mí, exigir marcas sin un motivo técnico insalvable reduce drásticamente la participación y fomenta una pobre cultura en la planeación de las compras estatales.
Lo más correcto, sano y transparente es pedir especificaciones generales de desempeño o calidad. Las marcas deben reservarse exclusivamente para lo específico o para situaciones operativas muy concretas, como por ejemplo, la adquisición de procesadores tecnológicos precisos o tóneres de tinta para impresoras que la entidad ya tiene en su inventario.
En conclusión, el límite real a la discrecionalidad es la razonabilidad. Lo importante es que las decisiones que se tomen se hagan dentro del marco de los principios que rigen la contratación pública, garantizando la proporcionalidad entre lo que la entidad necesita y lo que exige al mercado.
En los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en entidades de distinto orden y naturaleza: desde entidades territoriales municipales y descentralizadas del orden municipal, hasta una gobernación y, más recientemente, una entidad descentralizada indirecta con régimen exceptuado.
Desde esta experiencia práctica —complementada con el análisis constante de procesos contractuales— he podido evidenciar que la contratación estatal, si bien busca responder a las necesidades de las comunidades, en muchos casos no logra hacerlo de manera oportuna ni eficiente, ni desde la perspectiva del resultado ni desde la gestión interna de las entidades.
La contratación pública dista mucho de ser un trámite sencillo. Procesos que inicialmente se estructuran de forma adecuada suelen enfrentarse a múltiples desafíos: observaciones reiteradas, interesados con ánimo de modificar las condiciones a su conveniencia y, quizá el más complejo de todos, la pluralidad excesiva de oferentes, que termina desbordando la capacidad institucional de las entidades.
Hace algún tiempo, dentro y fuera de este blog, publiqué una columna titulada ¿Está la autonomía de las entidades territoriales en materia de contratación pública llamada a desaparecer? (disponible aquí: https://derechoyleycolombia.blogspot.com/2025/04/esta-la-autonomia-de-las-entidades.html), en la cual abordé cómo los territorios han venido perdiendo margen de autonomía en la estructuración de sus procesos contractuales, particularmente frente a las imposiciones del Gobierno Nacional.
En esa línea, una mentora en mis primeros años de ejercicio profesional solía señalar que una de las principales falencias de los pliegos tipo radica en la estandarización de condiciones generales, desconociendo las particularidades territoriales. Y dichas particularidades no se limitan a factores geográficos o poblacionales: incluyen, de manera determinante, la capacidad institucional real de cada entidad.
He conocido entidades con recursos administrativos limitados, con equipos contractuales conformados por uno o dos abogados, quienes deben asumir simultáneamente la estructuración jurídica, técnica y financiera de los procesos, así como su evaluación. Esta realidad genera desgaste institucional, reprocesos —frecuentes, por ejemplo, en proyectos del Sistema General de Regalías— y una carga operativa difícilmente sostenible.
Para ilustrar lo anterior, basta imaginar un municipio pequeño con un equipo jurídico mínimo, que tramita procesos de mínima cuantía mientras, en paralelo, adelanta una licitación bajo pliego tipo con treinta o cincuenta oferentes. Algo similar me ocurrió en 2023, cuando, siendo el único abogado de apoyo, debí evaluar más de quince propuestas en dos procesos distintos, sin dejar de atender otros trámites contractuales.
En otro caso, en 2019, participé en un equipo encargado de evaluar treinta y nueve propuestas en una entidad, bajo la coordinación de una empresa asesora. Durante casi dos semanas, un grupo de cinco abogados evaluamos propuestas hasta altas horas de la madrugada, mientras cumplíamos obligaciones contractuales con otras entidades.
Incluso a nivel departamental se evidencia esta problemática. El Gobernador de Santander mencionó públicamente la demora de más de seis meses en un proceso de la Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, según la información disponible en SECOP II, dicho proceso enfrentó cerca de cien propuestas, evaluadas por un comité reducido, lo cual explica —aunque no justifica— la prolongación de los tiempos.
Recientemente, el reconocido doctrinante Ernesto Matallana afirmó que una licitación pública bien estructurada debería tomar cuarenta y cinco días. A mi juicio, esta afirmación incurre en una falacia de falsa equivalencia, pues no considera los distintos contextos institucionales, particularmente la limitada capacidad operativa de muchas entidades.
Todo lo anterior conduce a una conclusión clara: las herramientas actuales de la contratación pública no siempre dinamizan la gestión, sino que, en muchos casos, generan desgaste institucional. No es lo mismo INVIAS que el municipio de Pinchote; sin embargo, ambos deben aplicar las mismas reglas, aun cuando una de ellas no esté estructuralmente preparada para hacerlo.
La contratación bajo la Ley 80 de 1993 requiere una lectura más realista del contexto colombiano: aumento del costo de vida, presión económica sobre el tejido empresarial, necesidad de participación en procesos contractuales y entidades que, sencillamente, no están preparadas para asumir múltiples procesos con alta pluralidad de oferentes de forma simultánea.
Frente a esta problemática, la normativa ofrece una alternativa válida: los regímenes especiales de contratación, en particular el régimen de ejecutores del Sistema General de Regalías.
Desde mi experiencia, la designación de ejecutor no constituye una evasión de la licitación pública, pues no es una figura contractual en su origen, sino administrativa. Así lo demuestra la Ley 2056 de 2020, sus decretos reglamentarios y los acuerdos del SGR: todo el trámite del proyecto es administrativo y solo en su fase final adquiere naturaleza contractual, exclusivamente para la entidad designada como ejecutora.
Adicionalmente, estos esquemas permiten un entorno de participación controlada dentro de su propio ecosistema, reduciendo el impacto negativo de la multiplicidad excesiva de oferentes y aliviando la carga administrativa de las entidades.
Asimismo, al tratarse de una herramienta específica del SGR, permite a las entidades administradoras del recurso actuar conforme a su capacidad institucional, designando un ejecutor cuando no se encuentren en condiciones de asumir directamente la carga administrativa y contractual. Se trata, entonces, de una excepción razonable, no de una regla general.
Por estas razones, considero que los regímenes especiales son herramientas que dinamizan la contratación, al permitir la participación de otros actores habilitados por la norma, aportando capacidades que la entidad, en muchos casos, no posee.
Volviendo al ejemplo del municipio pequeño: un secretario que concentra funciones de planeación e infraestructura puede, de manera excepcional, liberarse de la supervisión directa de un proyecto complejo, reduciendo riesgos de descuido y permitiendo que los esfuerzos institucionales se concentren en otras prioridades.
Desde esta perspectiva, estas herramientas brindan un respiro a entidades con músculo institucional limitado o saturado, permitiéndoles cumplir sus funciones sin comprometer la correcta ejecución de los recursos.
No es casual que la Contraloría General, al contratar veedurías para la vigilancia de proyectos, acuda a fondos mixtos, lo cual le permite concentrarse en su función misional mientras delega procesos operativos para dinamizar su gestión.
En conclusión:
No existe una desnaturalización contractual al emplear herramientas normativamente permitidas para la ejecución de proyectos del SGR bajo regímenes especiales, siempre que se garantice una adecuada vigilancia y control.
Sí se trata de una herramienta de gestión, destinada a dinamizar la contratación, reducir reprocesos, evitar procesos excesivamente prolongados y mitigar cargas administrativas que superan la capacidad institucional de muchas entidades.
Finalmente, no se debe satanizar estas figuras desde el populismo político o el juicio anticipado. El control debe centrarse en la correcta ejecución de los recursos públicos, sin importar el régimen de contratación aplicado. Si la ejecución falla, ahí sí corresponde levantar la voz; no antes.
Hoy trece (13)
de abril de 2021, el gobierno nacional expide el Decreto No. 399 de 2021, con
el objeto “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1.,
2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos parágrafos transitorios a
los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación
Nacional".
Como es bien
sabido, el Decreto 1082 de 2015 entre otros temas, reglamenta múltiples
aspectos en materia de Contratación Estatal para las entidades regidas por la
Ley 80 de 1993. Las modificaciones realizadas por el Decreto 399 de 2021 involucran
cuestiones esenciales para diversos aspectos de relevancia para entidades
estatales, abogados, contratistas e inclusive para personas (Naturales y jurídicas)
en lo relacionado a su información financiera.
En este
sentido, los cambios más significativos realizado por el Decreto a mención,
son:
- Frente a la
modalidad de selección de “Concurso de Méritos”:
Anteriormente
se prohibía publicar las variables que daban origen al presupuesto. Con el
Decreto 399, esa restricción queda eliminada.
Se eliminan las
publicaciones técnicas y científicas de los criterios puntuables.
Elimina
totalmente la comparación y negociación de los oferentes según el precio.
- Frente a la
Garantía de Estabilidad y Calidad de la obra
Señala que si
la garantía es inferior a los cinco (05) años de la regla general, debe
justificarse técnicamente.
Que la justificación
técnica debe tener en cuenta un análisis sobre (i) tipo de actividades; (ii)
experticia técnica requerida; (iii) alcance físico de las obras, entre otros.
Señala que el análisis puede abarcar varios aspectos, pero no debe enfocarse solamente
en el factor cuantía
Que el mínimo de
la garantía de estabilidad y calidad de la obra, será de un (01) año, si la
entidad decide que debe ser menor a los cinco (05) años de la regla general.
- Frente al RUP
(Registro Único de Proponentes)
Al mes de agosto
de 2021, los proponentes deberán realizar un reporte de la información contable
que señala el Decreto y de los indicadores financieros de los últimos tres (3)
años fiscales anteriores.
Si el
proponente tiene menos de ese tiempo de constituida, reportará a partir del primer
año fiscal en firme.
Para el año 2022
dentro del tramite de renovación y/o inscripción en el RUP, deberá reportar la
información que señala la norma de los últimos tres (3) años fiscales
anteriores.
- Frente a los
indicadores financieros y organizaciones, en relación a los procesos de
contratación
A partir del 01
de septiembre de 2021, deberá tenerse en cuenta los datos del RUP para establecer
los indicadores en los procesos de un modo proporcional. Para evaluar a los
oferentes, deberán tomar el mejor año fiscal de los reportados en el RUP
Teniendo en
cuenta las diversas modificaciones, es preciso comentar algunas de ellas para
efectos de retroalimentación y discusión:
En primera
medida, consideramos que en relación a los cambios de la modalidad de Selección
de Concurso de Méritos, existe un acierto y un desacierto practico, el cual me
permitiré explicar al tenor del Consejo de Estado en sentencia de Sección
Tercera del catorce (14) de abril de dos mil diez (2010), C.P. ENRIQUE GIL
BOTERO, Rad. 11001-03-26-000-2008-00101-00(36054)B:
“al ser el
concurso de méritos el procedimiento indicado para la selección de consultores
en la Administración, su realización se encamina principalmente a la
constatación de requisitos de orden técnico y de calidades profesionales, como
quiera que, en esta clase de negocios jurídicos lo más importante son las
calidades personales de aquellos con quien se contrata, aspecto que es
preponderante frente a factores que apuntan a requerimientos financieros y
económicos, sobre todo si se tiene en cuenta que el objeto contractual es ante
todo un trabajo de índole intelectual”
Del texto
citado se entendería que esta modalidad de selección busca la evaluación de un
componente intelectual o meritorio del proponente y el equipo que la conforma. En
este sentido, al eliminar como criterio evaluativo a las publicaciones técnicas
y científicas, se estaría dejando de lado un elemento interesante frente a la
calidad académica e intelectual de las personas que integrarían el equipo de
trabajo. Seria entendible que si un profesional posee en su hoja de vida una trayectoria
siquiera mínima como investigador o divulgador académico, es porque existe
cierto nivel de dedicación y estudio en el campo en el cual se iría a
desempeñar como consultor. Por tal razón, consideramos que al eliminarlo estaría
desnaturalizándose en cierta medida a la finalidad del Concurso de Méritos.
Por otro lado,
consideramos acertado eliminar la verificación y negociación de la propuesta económica
entre los oferentes habilitados, ya que de acuerdo a lo expuesto y al tenor de
la Ley 1150 de 2007 en su Articulo 5 “En ningún caso se podrá incluir el
precio, como factor de escogencia para la selección de consultores”, da por entendido
que, al calificarse criterios intelectuales, una ponderación económica
desnaturalizaría dicha modalidad. De hecho, estos argumentos constituyen la
esencia de Demanda de nulidad realizada en contra del Decreto 1082 de 2015 de
los apartes derogados por el Decreto 399 de 2021, la cual se encuentra en el
Consejo de Estado bajo radicado 11001-03-26-000-2016-00015-00(56165) A.
En segunda
medida, frente a los cambios realizados a las garantías de estabilidad y
calidad de las obras, es acertado el obligar a las entidades a realizar un análisis
técnico, tener en cuenta mas variables para justificar el porqué reducen la
vigencia de los cinco (05) años. Es una medida excelente para mejorar la buena gestión
contractual y fortalecer el principio de Planeación. No obstante, el hecho de
establecer un limite de al menos un (01) año, rompe con la realidad contractual
de las entidades estatales frente a algunos tipos de contrato.
Para
ejemplificar, imaginemos un contrato de obra para efectos de realizar rocería “poda
de maleza” de los costados de una vía, e incluso de incrustar una cerca de
madera en un predio estatal. Si analizamos las condiciones del lugar, el estado
meteorológico, el objeto de la intervención y la composición de los bienes “en
el caso de la cerca”, no puede precisarse de un modo absoluto que una
estabilidad de obra sea mínima de un (01) año. Las razones son visibles: El
pasto y la maleza pueden crecer en menos de tres/cuatro meses, las lluvias y el
sol pueden deteriorar la madera, e incluso si el lugar es muy húmedo se puede
acelerar el proceso de deterioro de la misma. Por tal razón, una estabilidad de
obra de un (01) año dependiendo del caso en concreto, podría resultar no
solamente irracional si no desproporcional.
En nuestra posición, hubiera sido una excelente idea el permitir de manera expresa la
supresión de la garantía, si luego de un análisis técnico y de acuerdo a variables ambientales,
sectoriales y acorde al alcance del proceso contractual, se evidencia que no
existe la necesidad de exigir garantía de estabilidad y calidad de la obra; para
evitar no solo un posible desequilibrio económico del contrato, sino también el
exigir elementos que riñan con el principio de proporcionalidad en contratación
estatal. Por tal razón, la modificación realizada en este aspecto por el
Decreto 399 de 2021, no nos parece acertada.
Finalmente y
frente a los ajustes en relación al RUP y verificación de los requisitos
financieros y organizacionales, de acuerdo a la justificación del mismo Decreto
399 de 2021, resultaría en una oportunidad adecuada de balancear la situación frente
a los proponentes que resultaron afectados por la coyuntura de la Pandemia del
Coronavirus COVID-19; lo que para las entidades estatales resultará en una
labor aun mas profunda y de mayor esfuerzo para sustentar y verificar los requisitos
habilitantes financieros y organizacionales.
Esperemos que
al final, los ajustes no terminen complicando la actividad contractual de estas
entidades, y permitan realizar una contratación mas efectiva, mas transparente
y mas inclusiva frente a la gran cantidad de proveedores del mercado nacional.
Pueden consultar el Decreto dando click en el siguiente enlace
Autor: Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Abogado, creador de Derecho y Ley Colombia
La Ley 996 de 2005
mejor conocida como “Ley de Garantías”, es un compilado de situaciones,
reglamentos y prohibiciones, dentro del marco de las elecciones para Congreso y
Presidente hasta tanto este no sea finalmente elegido. Esto se hace a través de
la garantía en la igualdad de
condiciones para los candidatos que reúnan los requisitos de ley e igualmente reglamentando
la Participación en política de los servidores públicos, la contratación estatal
y las garantías a la oposición.
La Ley de Garantías, inicialmente
dio inicio el once (11) de Noviembre de 2017, iniciando su restricción en contratación,
dirigida únicamente a los Contratos y Convenios Interadministrativos; y en
segunda medida dio inicio a partir del veintisiete (27) de enero de 2018 para
la Contratación Directa.
Aunado a lo anterior,
cuando a la vinculación de personal o modificación de la nomina, se establecen
estas situaciones:
·A
nivel territorial las restricciones empiezan a regir 4 meses antes de las
elecciones para elegir miembros del Congreso, es decir, a partir de la 00:00
a.m. del 11 de noviembre de 2017. Esto implica que los Gobernadores, Alcaldes
Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades
Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital no podrán
vincular o desvincular personal o modificar la nómina estatal desde el 11 de
noviembre de 2017.
·A
nivel nacional las restricciones empiezan a regir 4 meses antes de las
elecciones para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, es decir, a
partir de las 00:00 horas del 27 de enero de 2018. Esto implica que los
nominadores en las entidades de la rama Ejecutiva del poder público en sus
órdenes nacional y territorial, no podrán vincular o desvincular personal o
modificar la nómina estatal desde el 27 de enero de 2018.
Bajo el tenor de esto último
y en vigencia de la restricción no se podrán crear nuevos cargos ni proveer las
vacantes definitivas, salvo que se trate de vacantes generadas por renuncia,
licencia, muerte o expiración del periodo fijo y que sean indispensables para
el cabal funcionamiento de la Administración Pública, y en los casos de
aplicación de las normas de carrera administrativa. Tampoco podrán incorporar
ni desvincular a persona alguna de la nómina
No obstante, y bajo el
tema planteado en el título de esta entrada, en la contratación estatal, ¿qué
excepciones existen bajo el concepto y contexto de Ley de Garantías?
Para continuar, es
necesario exponer que en Contratación Estatal, existen cinco (05) modalidades
de selección, que pueden encontrarse en la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y
se enuncian de la siguiente manera:
Licitación Pública
(Regla General)
Selección Abreviada:
Por Menor Cuantía o por Subasta Inversa
Concurso de Méritos
Contratación de Mínima Cuantía
Contratación Directa:
Sea mediante contrato, como por convenios bajo régimen especial.
Las anteriores
modalidades, son utilizadas para ejercer la actividad contractual por las
entidades estatales definidas en la Ley 80 de 1993 en su Artículo 2°; y por
ende, estas entidades se deberán sujetar al alcance de la Ley de Garantías
expuesta inicialmente.
No obstante, en materia
de Ley de Garantías y bajo el tenor del
Articulo 33 de la Ley 996 de 2005 se hace restricción a la contratación pública,
específicamente con la Contratación
Directa:
ARTÍCULO 33.
RESTRICCIONES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección
presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si
fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos
los entes del Estado.
Es necesario precisar,
que la contratación directa a la cual se hace restricción, no generaliza a toda
la contratación directa, ya que el mismo artículo, y respondiendo al
interrogante planteado en el título, plantea un cierto tipo de excepciones a la
prohibición emanada de la Ley de Garantías:
Queda exceptuado lo referente a la defensa y
seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para
cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los
utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura
energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados,
acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que
deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.
De esta manera se puede
decir finalmente que entre las excepciones a la Ley de Garantías están:
Contratación Directa en
materia de defensa y seguridad del estado.
Contratos de Crédito
Publico
Contratos para cubrir
emergencias educativas
Contratos para cubrir
emergencias sanitarias: Como ejemplo, el proceso de Subsidios de servicios Públicos;
o para Población Pobre No Asegurada (PPNA)
Contratos para cubrir
emergencias en desastres: Como contratación directa con Bomberos voluntarios
Contratos para reconstrucción
de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones.
Contratos realizados
por entidades sanitarias y hospitalarias.
Contratos que sean
necesarios para cubrir o proteger eventuales vulneraciones a derechos fundamentales.
Finalmente, si desean
obtener más información, dejaré a continuación varios enlaces de circulares, conceptos y manuales para que
deseen informarse más al respecto en materia de Ley de Garantías (Click en cada uno para abrir):
Para concluir esta entrada, traigo a colación este pronunciamiento del
Procurador General de la Nacion sobre la Ley de Garantías y la participación en
política por contratistas:
Muchas gracias por su atención.
Comparte si es de tu interés
Hace unos dias, el Congreso de la Republica mediante Ley 1882 de 2018 del 15 de Enero, se adicionaron, modificaron, y se dictaron varias disposiciones en materia de Contratacion Estatal y Ley de Infraestructura.
Es un documento considerablemente largo y sustancioso. Por lo tanto, las entidades estatales, asesores, contratistas y demás personas involucradas en estas areas, deben conocer el contenido de esta Ley, para efectos de su analisis e implementación en la actividad contractual.
El documento puede descargarse en el siguiente enlace: CLICK AQUI
o Visualizarse aqui:
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