El sistema de compras públicas en Colombia ha dado pasos agigantados hacia la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en la práctica cotidiana de la contratación estatal, surgen dudas que tensionan los principios de libre concurrencia y selección objetiva. ¿Hasta dónde puede llegar una entidad para proteger a sus empresas locales? Los conceptos C-811 y C-854 de 2026 de la Agencia Nacional de Contratación Pública arrojan luces definitivas sobre este asunto.
Esta materia es de suma importancia porque define el campo de batalla de miles de procesos de mínima cuantía y selección abreviada. Entender que la protección a la Mipyme no es un poder absoluto de la administración permite evitar nulidades y procesos sancionatorios.
¿Es obligatorio limitar un proceso de manera territorial?
Existe una confusión común entre la limitación a Mipymes nacionales y la limitación territorial. Según el análisis de la ANCP-CCE, la primera es obligatoria si se cumplen los requisitos de cuantía (menos de US$125.000) y si al menos dos Mipymes nacionales lo solicitan en tiempo. No obstante, la limitación territorial —restringir el proceso solo a empresas del municipio o departamento de ejecución— es una facultad discrecional.
Esto significa que la entidad puede evaluar si conviene o no cerrar el círculo geográfico. Para ello, debe motivar su decisión en los estudios del sector, demostrando que existe pluralidad de oferentes en la zona y que la medida realmente fomenta el desarrollo regional. Sin una justificación técnica, la limitación territorial pierde su sustento legal.
¿Pueden las entidades exigir una antigüedad mínima del domicilio?
Este es quizás el punto más polémico. Ante el fenómeno de empresas que cambian su domicilio principal días antes de la apertura de un proceso para beneficiarse de la limitación territorial, muchas entidades optaron por exigir una antigüedad mínima (por ejemplo, de 6 meses o un año).
La respuesta de la autoridad es un "no" rotundo. Las entidades no tienen competencia para añadir requisitos que el Decreto 1082 de 2015 no contempló. El reglamento identifica el domicilio principal como el único criterio relevante. Introducir una barrera temporal extra vulnera el principio de legalidad, pues se estaría legislando a través de los pliegos de condiciones. El cambio de domicilio es un atributo legal y comercial válido que no puede presumirse como fraudulento sin pruebas contundentes.
¿Qué sucede si el contrato se ejecuta en varios municipios?
La norma técnica es clara: la limitación debe seguir al lugar de ejecución. Si el objeto del contrato se desarrolla en tres municipios de un mismo departamento, la entidad puede limitar la convocatoria a las Mipymes domiciliadas en cualquier lugar de ese departamento. Lo que tiene prohibido es realizar exclusiones caprichosas dentro de la misma zona de ejecución. No se pueden fragmentar las circunscripciones territoriales más allá de lo que permite el nivel municipal o departamental.
Implicaciones prácticas para la contratación estatal
Para los ordenadores del gasto y jefes de contratación, la lección es clara: la planeación es la mejor defensa. Si se desea fomentar la industria local, la justificación debe nacer desde el análisis del sector y no como una reacción improvisada a las solicitudes de los proponentes.
Para los abogados litigantes, estos conceptos son herramientas poderosas para impugnar pliegos de condiciones que establezcan barreras de entrada ilegales, como la ya mencionada antigüedad del domicilio. La defensa de la libre concurrencia exige que las reglas del juego sean las del reglamento nacional, no las del ingenio local.
En conclusión, el fomento a la Mipyme es una política de Estado que debe aplicarse con rigor técnico. La discrecionalidad no es arbitrariedad, y la protección local no puede convertirse en un muro que impida la participación de empresas legítimamente constituidas y domiciliadas.
Ver conceptos:
Concepto C-811: CLICK AQUI
Concepto c-854: CLICK AQUI
Etiquetas: Contratación Estatal, Mipymes, Colombia Compra Eficiente, Decreto 1860 de 2021, Limitación Territorial, Derecho Administrativo, Mínima Cuantía, Selección Objetiva, Libre Concurrencia, Gestión Pública, Estudios del Sector, Domicilio Social.
Por Pedro Alejandro Ariza Rubiano - Asesor en Contratación Estatal
